Con la campaña "Public Money? Public Code!", la Free Software Foundation Europe y más de 30 organizaciones de toda Europa pretenden concienciar a ciudadanos y políticos de que el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes, debe gastarse responsablemente y no utilizarse para sufragar el desarrollo de software privativo.
Con la expansión de la administración electrónica, la informática se ha convertido en una infraestructura crítica para los países europeos. Para que exista confianza, las distintas administraciones públicas deben asegurarse de tener el control total sobre todos sus sistemas, cosa imposible de lograr al utilizar software privativo.
El pasado 12 de septiembre, 31 organizaciones publicaron una carta abierta en la que piden a los legisladores que se requiera que el software financiado públicamente y desarrollado para el sector público, se publique mediante una licencia de software abierto.
Las instituciones públicas gastan millones de euros cada año en el desarrollo de nuevo software a medida, mayoritariamente cerrado (el código fuente se lo queda la empresa que lo desarrolló); el cual podrían reutilizar, modificar y compartir con otras instituciones si se publicara como software libre.
No tiene sentido que los ayuntamientos paguen a distintas empresas para desarrollar un software que, básicamente, realiza unas funciones muy similares en todos los ayuntamientos. Se está desperdiciando dinero público a espuertas al comprar una misma cosa cientos de veces a decenas de empresas distintas.
En España, por ejemplo, la ley obliga a que los contratos públicos sean tecnológicamente neutrales. Es decir, está prohibido comprar un ordenador de marca X con el sistema operativo Y, se deben decir las características del ordenador y del sistema sin obligar a que sea una marca en concreto. Esta ley en la práctica no se cumple, ya que en la mayoría de los contratos se obliga a que el sistema sea MS Windows, debido a que las administraciones ya tienen software privativo que funciona sobre ese sistema.
El software privativo, además, causa grandes problemas a la hora del mantenimiento, ya que en muchos casos la administración queda atada al proveedor que lo desarrolló, teniendo que pagarle todos los años por el mantenimiento sin poder cambiar de proveedor, a menos que se esté dispuesto a realizar una enorme migración a otro sistema con los costes que ello supone.
Los firmantes iniciales incluyen CCC, EDRi, Free Software Foundation Europe, KDE, Open Knowledge Foundation Germany, openSUSE, Open Source Business Alliance, Open Source Initiative, The Document Foundation, Wikimedia Deutschland, y otras.
En https://publiccode.eu/openletter/ puedes firmar la carta abierta que se enviará a parlamentarios de la UE.