La corrupción es una enfermedad endémica de los sistemas de poder que devora los recursos públicos. Siempre se la ha considerado como un tema político que se combate con más política, más leyes y más Estado, paradójicamente. Constantemente somos testigos de campañas estatales en los medios de comunicación cuyo objetivo es crear consciencia en la burocracia y en la opinión pública, sin embargo, en términos reales no surten efecto alguno. En pocas ocasiones nos hemos detenido a investigar sus orígenes con el fin de entender sus efectos y combatirlos.
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La gran falla de un sistema centralizado –como las instituciones estatales– es que a medida que crece se vuelve más corrupto. El poder en la pirámide se concentra en su ápice, mientras más alta es la pirámide, la concentración de poder es más grande y también lo es la corrupción. ¿Qué clase de personas son las que buscan estas posiciones de poder? Los megalómanos, los narcisistas, los psicópatas, quienes bajo un disfraz de liderazgo eficiente construyen enormes redes de corrupción y abuso de poder.
«El colapso de la moralidad y el incremento de la corrupción en la política no son casuales. Obedecen a la decadencia del modelo del estado-nación». – James Dale Davidson y William Rees-Mogg.
¿Por qué nunca hemos podido combatir la corrupción eficazmente?
Usualmente pensamos que las instituciones, el sistema, la democracia y la ley no funcionan porque somos demasiado corruptos, cuando lo que ocurre es todo lo contrario. En nuestros países latinoamericanos, el Estado de Derecho que es el responsable del funcionamiento del sistema institucional, no existe o es incipiente, la corrupción surge como una alternativa –obligatoria en muchas circunstancias– para que la gente pueda desarrollar sus actividades económicas.
«La corrupción es inherente a los sistemas de poder. No hay poder más tiránico que el poder sobre el dinero». – Andreas Antonopoulos.
Enrique Ghersi, académico de la Universidad de Lima, piensa que no hemos entendido la esencia de la corrupción, generalmente la consideramos como una causa cuando en realidad es un efecto. Es un efecto del alto costo de la legalidad, es decir, el hecho de creer que las leyes son gratuitas y neutrales. La ley tiene costos y beneficios, altera la forma en que las personas se comportan.
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El costo de la ley no necesariamente se mide en términos de dinero, sino también de tiempo. ¿Cuánto tiempo toma realizar un trámite en alguna institución estatal? ¿Cuánto tiempo y dinero cuesta cumplir con una determinada ley? Cuando los legisladores elaboran una ley están comunicando implícitamente a los ciudadanos que se requiere de una cierta cantidad de tiempo, información y recursos económicos para obedecerla. Cuando una ley es demasiado costosa en los términos mencionados anteriormente, los ciudadanos eligen no acatarla y actuar en la ilegalidad. Por otro lado, si eligen respetarla porque no hay otra alternativa, la burocracia –que tiene el poder de hacer cumplir la ley– es consciente del costo que esto significa, por tanto, los funcionarios gozan de la atribución y libertad de fijar "tarifas" para ayudar a obedecerla oportunamente.
La ley es más cara para los pobres
Teniendo el cuenta que el cumplimiento de la ley está relacionado con costos de tiempo, información y dinero, resulta lógico afirmar que su cumplimiento es más costoso para los pobres que para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen que utilizar menos de sus ingresos para cumplir con la ley; los pobres, en contraste, tienen que sacrificar más tiempo, dinero e información. Esto quiere decir que la ley tiene efectos asimétricos, no existe la pregonada "igualdad ante la ley".
«Solo se cumplen las leyes cuyos beneficios son mayores que sus costos». – Enrique Ghersi.
Existen dos puntos de vista en cuanto a la naturaleza de la corrupción. Unos dicen que es un impuesto ilegal o informal que se debe pagar para poder cumplir con la ley y librarse del castigo producto de su inobservancia. Otros, por su parte, afirman que la corrupción actúa como una póliza de seguro cuya prima se paga en forma de coimas o sobornos a los funcionarios públicos quienes actúan como agentes intermediarios brindando protección frente a una ley costosa de acatar.
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La cadena de bloques combate la corrupción
En el sector público, los registros de todo tipo de transacciones y operaciones se encuentran almacenados centralizadamente en cada una de las instituciones que se financian con el presupuesto estatal, quedando fuera del alcance del escrutinio de los ciudadanos y, en muchas ocasiones, de la Procuraduría y la Contraloría, instituciones fiscales llamadas a realizar auditorías del gasto público e investigaciones en el caso de que se sospeche que se han cometido delitos de malversación de fondos públicos. Cualquier acción que pueden llevar a cabo estos organismos es ex post –después del hecho–. Blockchain aplicada al control del gasto público permitiría prevenir los actos de corrupción ex ante, en otras palabras, antes de que ocurran.
La cadena de bloques –blockchain– es una tecnología que nos permite registrar datos, mover activos y realizar todo tipo de transacciones digitales de una manera distribuida, transparente, segura, neutral y sin censura. Estas características confieren a los datos almacenados en una cadena de bloques un estado de confianza y veracidad por sí mismos, es decir, garantiza la integridad de los datos que contiene, haciendo irrelevante el papel de cualquier intermediario de buena fe que se encarga de verificar o certificar la autenticidad de la información.
La OCDE estima que la corrupción agrega hasta el 10 % del costo total de hacer negocios a nivel mundial y hasta el 25 % de los costos de los contratos en los países en desarrollo.
Los datos almacenados en una cadena de bloques no pueden ser borrados, modificados o falsificados. Ofrece un nivel sin precedentes de integridad, seguridad y fiabilidad a la información que administra. También permite el rastreo y auditoría en tiempo real de las transacciones. Estos atributos representan muy malas noticias para la corrupción.
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Aplicaciones de la cadena de bloques
¿Qué pasaría si los organismos estatales de control y la ciudadanía en general tuvieran acceso en tiempo real a los registros públicos?
Si los organismos de control y demás instituciones tanto públicas como privadas encargadas de velar por el correcto uso de los fondos públicos, tendrían a su disposición la tecnología de la cadena de bloques, sería posible identificar de primera mano las irregularidades en las transacciones y realizar oportunamente las investigaciones pertinentes. De esta manera, sería mucho más complicado que se utilicen los fondos públicos de manera irresponsable e indebida.
A continuación mencionaremos algunas aplicaciones de la cadena de bloques que permitirían mejorar y transparentar la gestión pública con el fin de reducir la corrupción:
- Registros públicos distribuidos (propiedad, mercantil, identidad, crédito, etc.)
- Elecciones de autoridades a través de mecanismos distribuidos y verificables públicamente en tiempo real
- Contratación pública distribuida y auditable en tiempo real
El potencial de la cadena de bloques es inmenso. Si bien es cierto, esta tecnología aún se encuentra en fase desarrollo, no es menos cierto que promete contribuir de manera significativa con la tarea de combatir la corrupción que es una de las grandes plagas que azota a la humanidad. Los países que gozan de mayores problemas institucionales son los primeros candidatos para corregir sus sistemas malogrados gracias a la implementación de esta tecnología.
Juan Francisco Bolaños
steemit.com/@juanfb | busy.org/@juanfb
Referencias:
- Ghersi, E. (1999). La corrupción es efecto, no causa. Washington, D.C, Estados Unidos: ElCato.org. http://bit.ly/2LIFvnW
- López, G. (2018). La tecnología del Bitcoin (Blockchain) contra la corrupción. Bogotá, Colombia: Revista John Galt. http://bit.ly/2LIJZuA
- Santiso, C. (2018). ¿La cadena de bloques frenará la corrupción? Ginebra, Suiza: Foro Económico Mundial. http://bit.ly/2LNsQAb
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